Los ex combatientes continentales durante la guerra de Malvinas de 1982 resolvieron deponer su actituf para "mostrar un gesto de buena voluntad" ante la apertura del diálogo con el Ministerio de Defensa. Si bien no descartan volver con la obra, también planean levantar la protesta.
Los ex soldados de Malvinas demolieron este miércoles por la noche la construcción del refugio en Plaza de Mayo para "mostrar un gesto de buena voluntad", ya que "se abrió un diálogo" con el Ministerio de Defensa, aunque no descartan volver con la obra.
Sergio Logarzo, uno de los ex combatientes, dijo a DyN que "en asamblea decidimos tirar la obra para mostrar un gesto de buena voluntad y llegar a un buen puerto". Además, confirmó que este jueves mantendrán una reunión en la Legislatura porteña y el Ministerio de Defensa, y no descartan volver a construir el refugio si no llegan a un entendimiento.
El acuerdo se había iniciado horas antes con la fiscal Claudia Barcia y la Policía Federal, con el objetivo de "abrir el diálogo con el Ministerio de Defensa", según explicó Luis Giannini, otro de los ex combatientes.
Los ex soldados que acampan desde hace siete años frente a la Casa Rosada, comenzaron a construir este miércoles por la mañana un refugio de cemento y ladrillos en plena Plaza de Mayo, para ratificar el reclamo de que se los reconozca como veteranos de la Guerra de Malvinas.
Se trata de un grupo de soldados que en 1982 fueron movilizados al Sur del Continente pero que no estuvieron en las Islas, y no figuran en el padrón de veteranos, por lo que reclaman el reconocimiento que implica recibir pensiones y beneficios.
"Se hizo un pedido a los jefes de las Fuerzas para que hagan público el pedido de jurisdicción. Esta construcción la decidimos porque anteayer le amputaron una pierna a un compañero. Nos dejan morir por un capricho", explicó Giannini.
Los ex soldados insisten en que el ministro de Defensa, Agustín Rossi, posee toda la documentación necesaria para avanzar con el proceso administrativo y declararlos como Veteranos de Guerra, por lo que esperarán a avanzar con las negociaciones para determinar las medidas a seguir. "Si esto se resuelve, mañana mismo (por este jueves) levantamos todo y nos vamos", agregó Giannini.
El lugar elegido para iniciar la construcción, el lugar donde está ubicada la carpa desde hace siete años, es parte del espacio público de la Ciudad de Buenos Aires aunque también es en su conjunto Monumento Histórico Nacional, cuya custodia está asignada a la Policía Federal. La fiscal Claudia Barcia fue quien en un primer momento actuó de oficio y le ordenó a esta fuerza que impida la construcción, bajo el cargo de "delito por daño agravado y usurpación" encuadrado en el artículo 184 del Código Penal qué prevé entre 3 y 4 años de prisión para quienes llevaron adelante la obra.
La Policía Federal se hizo presente, aunque no intervino más allá de una misión de buenos oficios que no detuvo la obra, ya que los efectivos se limitaron a observar cómo evolucionaba la contrucción.
El conflicto fue creciendo a lo largo de la jornada, hasta que la fiscal porteña Verónica Guagnino hizo saber que este jueves presentará una denuncia penal contra la Policía Federal por el delito de violación de deberes de funcionario público, al entender que la fuerza "podría haber evitado y actuado de oficio".
En tanto, la Federal le informó a Barcia que "no" iba a intervenir en el caso al entender que la intervención en el asunto le corresponde a la Policía Metropolitana, bajo la órbita del Ejecutivo porteño.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia homologó en 2011 un acuerdo concertado entre autoridades nacionales y autoridades porteñas en el cual se estableció que el procedimiento de "mediación" para desocupar terrenos linderos al Riachuelo estaría a cargo de equipo de la Ciudad de Buenos Aires, texto judicial que sirvió de base para posteriores intervenciones, según indicaron fuentes del ministerio de Seguridad de la Nación.
La intervención de la Corte se produjo en la causa por saneamiento de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo, recordaron fuentes judiciales que asimilaron el caso a la actual ocupación de la Plaza de Mayo. En ese caso, por la usurpación de terrenos linderos al Riachuelo, el procedimiento quedó a cargo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que el Estado Nacional, "a través de la fuerza que designara", se ocuparía de establecer un cerco para evitar otras ocupaciones y de proteger la actividad de los mediadores.
Se previó que el equipo de mediación de la Ciudad estuviera integrado por "el SAME, el Programa Buenos Aires Presente del Ministerio de Desarrollo y el Consejo de Niñas y Niños" local y que se fijaría un plazo en horas para que los ocupantes, debidamente censados, "manifiesten su voluntad de desocupar el lugar".
El acta de la audiencia del 17 de mayo de 2011, en la que participaron el presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, la vice, Elena Highton, la entonces ministra de seguridad de la nación, Nilda Garré y el de la Ciudad, Guillermo Montenegro, consignó que defensa "si hay negativa, serán trasladados obligatoriamente", tarea a cargo la Policía Metropolitana.
En el acta se plasmaron también algunos detalles relacionados con la mediación para la desocupación del predio, tales como la provisión de alimentos, la reubicación de los ocupantes y la filmación del operativo.
"Desde ese caso, siempre procedemos de la misma manera. La Policía Federal fija un cordón de contención y la Metropolitana, auxiliar de justicia de la Ciudad de Buenos Aires, interviene", indicaron a Télam fuentes del ministerio de Seguridad. Fuente:Minuto1
