El gobernador, Gustavo Bordet, firmó la normativa que rige para las producciones de las zonas de islas y anegadizos afectadas por la creciente de los ríos Paraná y Uruguay.
El ministro de Producción, Carlos Schepens, comunicó que “la disposición contempla a los productores con explotaciones ganaderas y apícolas en los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas. También para aquellos que tienen producciones citrícolas, frutícolas, hortícolas, ganaderas y apícolas de los departamentos Federación, Concordia, Colón, Uruguay y Gualeguaychú”.
Según recordó el funcionario, la modalidad contempla que “los productores deberán presentar una declaración jurada conjuntamente con los formularios que pondrá a disposición de los afectados el Ministerio de Producción, a través de las Direcciones Generales de Ganadería y Agricultura”. La documentación estará disponible a partir del lunes 11 de enero.
La norma legal tiene vigencia desde el 15 de diciembre de 2015 y por el término de hasta un año. Establece que las declaraciones juradas deberán ser avaladas por entidades provinciales representativas de cada actividad y quedarán sujetas a verificación individual por parte de las reparticiones oficiales correspondientes.
El ministro de Producción, Carlos Schepens, comunicó que “la disposición contempla a los productores con explotaciones ganaderas y apícolas en los departamentos La Paz, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay e Islas. También para aquellos que tienen producciones citrícolas, frutícolas, hortícolas, ganaderas y apícolas de los departamentos Federación, Concordia, Colón, Uruguay y Gualeguaychú”.
Según recordó el funcionario, la modalidad contempla que “los productores deberán presentar una declaración jurada conjuntamente con los formularios que pondrá a disposición de los afectados el Ministerio de Producción, a través de las Direcciones Generales de Ganadería y Agricultura”. La documentación estará disponible a partir del lunes 11 de enero.
La norma legal tiene vigencia desde el 15 de diciembre de 2015 y por el término de hasta un año. Establece que las declaraciones juradas deberán ser avaladas por entidades provinciales representativas de cada actividad y quedarán sujetas a verificación individual por parte de las reparticiones oficiales correspondientes.
