Lo anunció en medio de la polémica generada por el decreto que autoriza el derribo de aviones que no se identifiquen.
La Emergencia en Seguridad Pública dictada por el Gobierno nacional, que autoriza a las Fuerzas Armadas a derribar aviones no identificados que violen el espacio aéreo, generó ayer una fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición. No obstante, se aseguró que sería una medida extrema y con un protocolo muy exhaustivo.
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Desde el Gobierno, tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como los secretarios de Seguridad nacional y del Consejo de Seguridad Interior, Eugenio Burzaco y Gerardo Milman, salieron a justificar la medida al asegurar que en los últimos 10 años el gobierno de Cristina Fernández empleó “un decreto secreto” para autorizar el derribo de aviones en varias oportunidades.
Sin embargo, referentes de la oposición como la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) y exfuncionarios kirchneristas como el exministro de Defensa Agustín Rossi criticaron la sanción al señalar que se concretó “sin un proceso de debate” y que puede tener “consecuencias irreversibles”.
El decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial por el período de un año con posibilidad de una prórroga, cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas y con el objetivo de “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”.
Entre esas reglas figura la autorización al “uso de la fuerza por medio del Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de vectores incursores declarados hostiles”.
Bullrich argumentó que la posibilidad de derribar aviones responde a “reglas de empañamiento que utilizó el gobierno anterior en nueve oportunidades durante los últimos años”.
También aclaró que esta disposición se extenderá “hasta que se apruebe una ley de defensa del espacio aéreo”, la cual “ya la están redactando” y la van a “enviar ni bien abra el Congreso”. “El producto ilegal entra al país, se produce, se comercializa y sale del país. En ese marco, hemos dispuesto ampliar el Escudo Norte a un ‘operativo frontera’, que va a ser más exhaustivo”, explicó.
Para la incursión en los barrios, la ministra descartó que esa tarea pueda recaer sobre las Fuerzas Armadas: “No está en la ley, el Ejército puede hacer tareas de logística, hace la operación de radares”.
Asimismo, informó que el sistema de detección que hoy se encuentra en operaciones reveló en el último año “400 movimientos ilegales” y que eso se logró con pocas horas diarias de funcionamiento y sin cobertura total del territorio. Por ello adelantó que se trabajará con “radares móviles, radares en aviones y drones”.
Respecto del decreto de derribo, argumentó: “Tenemos radares, los identificamos, ¿qué hacemos? ¿los saludamos?”.
Por último, dijo que se trabaja sobre un proyecto que implique la trazabilidad de los equipajes en los transportes de pasajeros para que cada persona se haga cargo de lo que transporta.
Burzaco apuntó que “hay una hipocresía” en el kirchnerismo al cuestionar la posibilidad del derribo porque “en los últimos 10 años” se estableció “un decreto secreto por el cual durante varios días se le permitía a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Seguridad actuar en este sentido” y señaló que es una medida “crucial” para “evitar la decena de vuelos ilegales que traen droga” al país.
A su vez, el secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, justificó la decisión al decir que “alguien que intrusa con un avión ahora es consciente de que esta medida se puede tomar”, en referencia al derribo.
Fuerte crítica
Desde la oposición, Margarita Stolbizer aseguró que “aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles” y “mucho peor sin debate”.
Por su parte, el exministro de Defensa Agustín Rossi consideró que la ley de derribo “es una pena de muerte sin juicio previo” y que es “una barbaridad haber decretado la emergencia de seguridad sin un proceso de debate y sin ley del Congreso”.
Sin embargo, el senador bonaerense del Frente para la Victoria y exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Cristina Fernández, Sergio Berni, reconoció que la autorización a derribar aviones “no es nada nuevo” porque “existió en la Argentina”.
Entre otros problemas para la obtención de resultados inmediatos con este decreto, están la falta de radares y la de equipos operativos, como ser aviones de intercepción.
La Fuerza Aérea tiene muy pocos y vetustos cazabombarderos A-4, que operan en una base de San Luis, y escasa capacidad de radar.
El Gobierno se comprometió a radarizar las fronteras, especialmente en el norte, y estaría avanzada la compra de aviones. Fuente:Lavoz
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