El empresario presentó un escrito e intentó despegar a su hijo, Martín. Fue enviado al penal de Ezeiza junto con el contador Pérez Gadín.
En medio de una conmoción que sacude al kirchnerismo duro y que complica a la expresidenta Cristina Fernández, el empresario Lázaro Báez rechazó las acusaciones por lavado de dinero que le hizo el juez Sebastián Casanello.
Lo hizo mediante un escrito donde dijo que el dinero que se contaba en la financiera conocida como “la Rosadita” era para comprar un campo y puso en duda la validez de las filmaciones con ese episodio.
Báez y el también arrestado contador Daniel Pérez Gadín seguirán presos hasta que se resuelvan sus situaciones procesales. Fueron alojados en el hospital de la cárcel de Ezeiza por señalar que no se sentían bien de salud.
El fiscal Guillermo Marijuán y el juez rechazaron sus pedidos de excarcelación, informaron fuentes judiciales.
También rechazó las imputaciones en su contra Pérez Gadín, quien al igual que Báez, fue detenido el martes por orden de Casanello, ante la supuesta existencia de “riesgos procesales”, de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Báez, su hijo Martín y otros tres acusados se negaron a responder preguntas del juez Sebastián Casanello y del fiscal Guillermo Marijuán. Pero entregaron sendos escritos en los que cuestionaron la validez jurídica de uno de los principales elementos de cargo, la filmación de una cámara de seguridad que muestra a varios imputados contando grandes cantidades de dólares en la financiera SGI, conocida como “la Rosadita”, y que fue difundida por Canal 13 de Buenos Aires.
Trascendió de fuentes judiciales que Báez explicó en el escrito que presentó al juez que planeaba “comprar un campo” con el dinero que acomodaban en el video. Además, Lázaro Báez habría tratado de desligar a su hijo Martín, argumentando no entender el por qué de su imputación. Y justamente el hijo de Báez, Martín, deslizó que el dinero era de su padre, a quien definió como “un importante empresario”.
Casanello y Marijuán también participaron en las indagatorias a César Gustavo Fernández (titular de SGI) y Walter Zanzot (presidente de la compañía de aviones privados Top Air), que aparecían en el video de “la Rosadita” y se negaron a declarar.
En paralelo
Mientras tanto, el juez federal Daniel Rafecas aceptó a la Oficina Anticorrupción (OA), dependiente del Gobierno, como “querellante” en la causa “Hotesur”, donde se investiga el presunto lavado de dinero mediante el alquiler de habitaciones de hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz y en la que, en consecuencia, está implicada Cristina Fernández.
El juez admitió un pedido de la titular de la OA, Laura Alonso, lo que le permitirá proponer medidas de acción en el expediente, supervisar su marcha, interrogar a testigos e imputados y eventualmente acusar en la etapa de juicio oral.
Rafecas tomó la decisión pese a que aún no está claro si él es el juez competente en la investigación. Es que el magistrado declaró su “incompetencia” parcial en el expediente –después de que la Cámara Federal decidió que la jurisdicción porteña es la que corresponde para tramitar la causa– y la remitió a su colega Julián Ercolini, quien investiga a la expresidenta por presunta asociación ilícita y rechazó hacerse cargo de la continuidad de la pesquisa de los hoteles.
El diferendo es analizado por la Cámara Federal, que deberá resolver si en la causa sigue Rafecas o pasa a Ercolini.
“Es una partecita”
Por su lado, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) apuntó ayer duramente contra el matrimonio Kirchner, al denunciar que “el crecimiento patrimonial” de los detenidos Báez y Ricardo Jaime “es apenas una partecita de lo que ellos tributaron a la corona”.
Al referirse a la detención de Báez en el marco de la llamada “ruta del dinero K”, la diputada pronosticó “varias novedades” en el expediente próximamente: “Yo siento esto como un desfile, en el que las figuras más importantes son las que llegan al final. Muchos deben estar inquietos por las cosas que va a decir (el empresario)”, deslizó Stolbizer, denunciante en la investigación que lleva adelante el juez Sebastián Casanello´.
El magistrado aceptó a la legisladora como amicus curiae (amiga del tribunal), insistió en cuestionar a la ex presidenta Fernández por supuestos negociados y hechos de corrupción durante su gestión. Fuente:LaVoz
Publicar un comentario