Hay acciones en juzgados federales de Córdoba, Villa María y Bell Ville. Organizaciones políticas y barriales impulsan presentaciones. No sólo rechazan las subas originales en la tarifa de Ecogas: también impugnan el tope de 400% dispuesto luego por el Gobierno nacional, que volvió a defender al ministro Aranguren.
Organizaciones barriales, centros vecinales, abogados vinculados con agrupaciones políticas y vecinos autoconvocados motorizan en las últimas semanas, en Córdoba, diversas acciones en contra del aumento de tarifas en el servicio de gas natural.
La primera ola la encabezó el abogado Horacio Viqueira, exfuncionario en Fadea durante el gobierno kirchnerista, punta de una cadena en la que participan unos 15 letrados y que llevó a la Justicia federal los primeros amparos.
Todos cayeron en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, quien ya acumula expedientes que, en total, aglutinan a casi mil usuarios, entre clientes residenciales y pequeños comercios, según calculó Viqueira.
El fiscal federal Enrique Senestrari avaló el pedido de medida cautelar y consideró que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debe ser investigado por haber omitido la audiencia pública y por la presunta incompatibilidad que genera su actividad previa en la empresa Shell.
Por lo pronto, el juez notificó al Gobierno nacional y al Enargas (ente regulador) para conocer sus argumentos, por lo que se estima que recién la semana próxima se conocerá su pronunciamiento.
CRITICADO. El Gobierno volvió a defender al ministro Aranguren
De todos modos, a Ecogas Córdoba no han llegado aún notificaciones judiciales. Fuentes de la empresa indicaron que, en general, hasta ahora los clientes no han dejado de pagar, tal vez para evitar el riesgo de un corte.
Por separado, Viqueira patrocina el planteo judicial de Cerámica San Vicente, una microempresa encabezada por la familia Mohn y que fabrica ladrillos cerámicos. “Sus boletas pasaron de 15 mil a 65 mil pesos mensuales y la última les llegó por 81.700 pesos. Es casi lo mismo que pagan en salarios. Para ellos es imposible de soportar”, dijo Viqueira sobre la firma.
El abogado, que apunta a la inconstitucionalidad del aumento por la falta de una audiencia pública, cargó también contra el tope del 400 por ciento que fijó el Gobierno nacional, en medio de los fuertes reclamos desde diferentes provincias. “Entendemos que no resuelve nada al combinarse la suba de tarifas con el incremento de consumo”, argumentó.
En 2007, el Estado nacional derivó 6.335 millones de pesos a los subsidios para el gas natural. Con el mismo fin, al cierre del año pasado se habían destinado 157.145 millones, o sea, 24,8 veces más.
En el armado, asesoramiento a vecinos y recolección de pruebas de los casos que Viqueira llevó a la Justicia han participado abogados de distintas vertientes.
“Creemos que la única manera de que tenga una repercusión positiva es que la mayor parte de la gente se presente”, dijo Evangelina Dellarossa, que abreva en Mano de Obra K (MOK), uno de los grupos que activan amparos.
Aseguró que no cobran honorarios y calculó que el costo inicial para un amparo similar ronda los 1.500 pesos. De todos modos, reconoció que “ahora se empieza a pedir de manera voluntaria” un aporte de dinero “porque hay muchos gastos administrativos”.
¿Cómo intervienen? Desde hace varios días están recibiendo casos en distintos puntos de la ciudad. Por redes sociales, recomiendan llevar fotocopias de la última factura y de la boleta del período anterior o del mismo bimestre del año pasado.
También copia de DNI del titular del servicio, que debe asistir de manera personal para firmar. Recomiendan pagar las facturas, esperando el último vencimiento por si, en ese lapso, hay un pronunciamiento judicial favorable.
“Esto no para acá. Hemos recibido muchas consultas y van a seguir las presentaciones”, anticipó Dellarossa.
En el interior, en tanto, hasta ayer había dos amparos de particulares en los Tribunales federales de Bell Ville, mientras que en Villa María hubo un recurso promovido por la Auditoría General de esa ciudad (ver aparte).
Casi en simultáneo, desde el centro vecinal de barrio Alberdi se convocó a entidades similares de Villa Páez, Marechal, Parque San Antonio, Parque Vélez Sársfield y Yapeyú, además de vecinos de barrios Obrero y Alto Alberdi.
Eso desembocó en la organización de un cabildo abierto para mañana a las 18.30 en la plaza San Martín, “contra el tarifazo”. “Queremos reclamar en la calle y con amparos”, sostuvo Dante Martínez, al frente de ese centro. Fuente:LaVoz
La primera ola la encabezó el abogado Horacio Viqueira, exfuncionario en Fadea durante el gobierno kirchnerista, punta de una cadena en la que participan unos 15 letrados y que llevó a la Justicia federal los primeros amparos.
Todos cayeron en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Ricardo Bustos Fierro, quien ya acumula expedientes que, en total, aglutinan a casi mil usuarios, entre clientes residenciales y pequeños comercios, según calculó Viqueira.
El fiscal federal Enrique Senestrari avaló el pedido de medida cautelar y consideró que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debe ser investigado por haber omitido la audiencia pública y por la presunta incompatibilidad que genera su actividad previa en la empresa Shell.
Por lo pronto, el juez notificó al Gobierno nacional y al Enargas (ente regulador) para conocer sus argumentos, por lo que se estima que recién la semana próxima se conocerá su pronunciamiento.
CRITICADO. El Gobierno volvió a defender al ministro Aranguren
De todos modos, a Ecogas Córdoba no han llegado aún notificaciones judiciales. Fuentes de la empresa indicaron que, en general, hasta ahora los clientes no han dejado de pagar, tal vez para evitar el riesgo de un corte.
Por separado, Viqueira patrocina el planteo judicial de Cerámica San Vicente, una microempresa encabezada por la familia Mohn y que fabrica ladrillos cerámicos. “Sus boletas pasaron de 15 mil a 65 mil pesos mensuales y la última les llegó por 81.700 pesos. Es casi lo mismo que pagan en salarios. Para ellos es imposible de soportar”, dijo Viqueira sobre la firma.
El abogado, que apunta a la inconstitucionalidad del aumento por la falta de una audiencia pública, cargó también contra el tope del 400 por ciento que fijó el Gobierno nacional, en medio de los fuertes reclamos desde diferentes provincias. “Entendemos que no resuelve nada al combinarse la suba de tarifas con el incremento de consumo”, argumentó.
En 2007, el Estado nacional derivó 6.335 millones de pesos a los subsidios para el gas natural. Con el mismo fin, al cierre del año pasado se habían destinado 157.145 millones, o sea, 24,8 veces más.
En el armado, asesoramiento a vecinos y recolección de pruebas de los casos que Viqueira llevó a la Justicia han participado abogados de distintas vertientes.
“Creemos que la única manera de que tenga una repercusión positiva es que la mayor parte de la gente se presente”, dijo Evangelina Dellarossa, que abreva en Mano de Obra K (MOK), uno de los grupos que activan amparos.
Aseguró que no cobran honorarios y calculó que el costo inicial para un amparo similar ronda los 1.500 pesos. De todos modos, reconoció que “ahora se empieza a pedir de manera voluntaria” un aporte de dinero “porque hay muchos gastos administrativos”.
¿Cómo intervienen? Desde hace varios días están recibiendo casos en distintos puntos de la ciudad. Por redes sociales, recomiendan llevar fotocopias de la última factura y de la boleta del período anterior o del mismo bimestre del año pasado.
También copia de DNI del titular del servicio, que debe asistir de manera personal para firmar. Recomiendan pagar las facturas, esperando el último vencimiento por si, en ese lapso, hay un pronunciamiento judicial favorable.
“Esto no para acá. Hemos recibido muchas consultas y van a seguir las presentaciones”, anticipó Dellarossa.
En el interior, en tanto, hasta ayer había dos amparos de particulares en los Tribunales federales de Bell Ville, mientras que en Villa María hubo un recurso promovido por la Auditoría General de esa ciudad (ver aparte).
Casi en simultáneo, desde el centro vecinal de barrio Alberdi se convocó a entidades similares de Villa Páez, Marechal, Parque San Antonio, Parque Vélez Sársfield y Yapeyú, además de vecinos de barrios Obrero y Alto Alberdi.
Eso desembocó en la organización de un cabildo abierto para mañana a las 18.30 en la plaza San Martín, “contra el tarifazo”. “Queremos reclamar en la calle y con amparos”, sostuvo Dante Martínez, al frente de ese centro. Fuente:LaVoz
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