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Imputan a excomisario por defraudación



Gerardo Vázquez, exjefe de Protección de Testigos de la Policía, sigue en libertad. Había sido denunciado por subordinados por supuestos desmanejos de fondos internos.


El  Ex-comisario mayor Gerardo Saúl Vázquez, extitular del Departamento de Protección de Testigos de la Policía de Córdoba, fue imputado en las últimas horas por la supuesta comisión del delito de defraudación calificada en contra de la administración publica, agravada precisamente por su condición de policía.

La imputación fue dispuesta por el fiscal en lo Penal Económico N° 2, Gustavo Hidalgo, quien resolvió que el policía permanezca en libertad. Vázquez fue pasado a retiro recientemente.

Denunciado por policías

Respecto al caso de Gerardo Vázquez, el comisario mayor había sido denunciado a comienzos de año ante la Justicia provincial por cuatro uniformados que trabajaban en Protección de Testigos. Este cuerpo tiene, entre sus funciones, la custodia de víctimas sobrevivientes y testigos de la dictadura en Córdoba.

Representados por el abogado Carlos Nayi, los efectivos acusaron a su jefe de una serie de supuestos desmanejos de los recursos de dinero en ese cuerpo.

Denunciaron, por caso, que Vázquez supuestamente utilizaba vehículos oficiales para fines particulares, como así también supuestamente cobraba dinero a quienes intentaban pertenecer a este cuerpo especial de la Policía. Además, fue acusado de cobrarle una tasa mensual a algunos miembros de la brigada para un fondo destinado al mantenimiento de la base (ubicada en avenida Duarte Quirós 3845) y de los móviles, lo cual no se hacía.

Por otro lado, fue denunciado de haber ordenado a algunos policías la custodia de cantantes cuarteteros y otros “blancos” a discreción, cuando no era parte de la labor.

También fue acusado de haber sabido supuestamente del robo de las armas de la Jefatura de Policía y no haberlo denunciado.

Cercanía con los “K”

Los uniformados, además, lo denunciaron de haber recibido aportes de la Presidencia, cuando Cristina Fernández era jefa del Estado, cuando esto era incompatible con sus funciones.


Incluso, lo denunciaron por haber realizado espionaje tras tener supuestamente acceso a escuchas telefónicas presuntamente sin autorización judicial.






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