Israel deportará a los activistas que promuevan el boicot internacional.
Israel, un país célebre por el sigilo y eficacia de sus servicios de inteligencia, está aireando una nueva estrategia para combatir la amenaza que detecta en el movimiento global de Boicot, Sanciones y Desinversión (BDS), que dice perseguir el fin de la ocupación de los territorios palestinos mediante una campaña de presiones internacionales inspirada en la que puso fin al apartheid en Sudáfrica. Los Ministerios de Interior y Seguridad Interior han anunciado la creación de un equipo conjunto especial para recoger información sobre aquellos activistas extranjeros presentes en el país o en Cisjordania (donde solo se puede acceder tras pasar controles fronterizos israelíes) que buscan la deslegitimación del Estado judío ante el resto del mundo, con el propósito de deportarles.
El nuevo equipo especial formado por ambos departamentos tendrá como misión localizar a los activistas pro BDS y aportar pruebas para expulsarles del país e impedirles la entrada en el futuro. “Esos activistas van a Judea y Samaria [nombres bíblicos con los que Israel se refiere a la Cisjordania palestina bajo ocupación militar] y agitan a la población local contra las fuerzas de seguridad [israelíes] y les impiden realizar sus actividades”, reza el comunicado conjunto de los dos Ministerios difundido la noche del domingo. “Quien boicotea a Israel —esparciendo mentiras y distorsionando la realidad— debe pagar un precio”, advirtió el titular de seguridad interior, Gilad Erdan, citado por el diario Haaretz. Varios grupos ya han sido detectados, según fuentes de seguridad que eleva a varios centenares la cifra de activistas sospechosos de actuar para deslegitimar a Israel, y que han entrado como turistas a través del aeropuerto internacional de Tel Aviv o del puente de Allenby, en la frontera jordana, en territorio palestino aunque bajo control israelí.
La decisión de investigar y deportar a los activistas extranjeros acusados de estar vinculados al BDS se produce precisamente cuando un alto cargo del Gobierno acaba de reconocer ante la Knesset (Parlamento) que Israel sigue siendo visto como un “Estado paria” en la esfera internacional a causa del activismo en su contra tras 49 años de ocupación. La directora general del Ministerio de Asuntos Estratégicos, Sima Vankin-Gil, dijo también el domingo ante la comisión parlamentaria de Transparencia del Gobierno que Israel debe cambiar la forma en que es percibido en el resto del mundo. “Hay que lograr una nueva narrativa [dentro de una década] para que Israel deje de ser equivalente a apartheid”, puntualizó. Para Vankin-Gil, que anteriormente ocupó el cargo de jefa de la censura militar, la definición vigente del término deslegitimación supone “la actuación conjunta de grupos e ideologías sobre un asunto de actualidad para rechazar la noción de Israel como Estado-nación del pueblo judío”.
La responsable del Ejecutivo advirtió, no obstante, que solo facilitaría más información a la Cámara a puerta cerrada ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa, que aborda los secretos oficiales. El Gobierno de Benjamín Netanyahu aún tiene que fijar con exactitud los criterios que llevarán a la expulsión de Israel —y a la posterior prohibición de entrada en el país— a los extranjeros investigados por promover supuestamente el BDS. Por ahora, los ministerios implicados aseguran que no habría deportaciones masivas de izquierdistas ni de militantes de los derechos humanos foráneos. “Se verá caso por caso”, reveló un alto cargo a Haaretz, “y en función de los intereses de Israel”.
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