Los cuatro actuales jueces en funciones del máximo tribunal se aprestan a dar sentencia el jueves o el viernes a más tardar, antes de que asuma el quinto magistrado, Carlos Rosenkrantz. Esperan dictamen de Gils Carbó, la procuradora K que en 2014 consideró válido un aumento basado en una audiencia pública realizada en 2005.
Por razones políticas, la Corte Suprema de Justicia tiene puestos la mira y los esfuerzos en poder fallar pasado mañana. Aunque hasta ayer había entre sus cuatro integrantes una coincidencia común en criterios generales, no estaba decidido cómo ello se traducirá en la letra chica del dictamen final.
Así están las cosas en el cuarto piso del Palacio de Tribunales porteño ante el pronto pronunciamiento que tendrá que tomar el máximo tribunal sobre la legalidad o no del tarifazo en el servicio del gas que le llegó después de que la sala 2 de la Cámara Federal de La Plata decidiera su anulación en todo el país.
En un impasse del intercambio de información que entre los equipos técnicos del cuarteto de ministros de la Corte se mantuvo durante el fin de semana largo, dos fuentes del tribunal consultadas por este diario coincidieron tanto en los tiempos políticos que se manejan como en que hay algunos criterios en los que se sustentarán el o los fallos.
Atentos a la urgencia del Gobierno nacional por desenmarañar un tema clave para su gestión, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y sus pares Elena Highton de Nolasco, el cordobés Juan Carlos Maqueda y el recién llegado Horacio Rosatti quieren hacerlo pasado mañana.
Políticamente, entienden, la fecha del jueves es por demás propicia. Habrá pasado la comparecencia de hoy del ministro de Energía, Juan José Aranguren, ante el plenario de comisiones de Diputados, pero sobre todo habrá resuelto su dictamen la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Hace una semana, la Corte le giró el expediente y le dio plazo hasta el próximo jueves a la procuradora para que dictamine, quien lo haría mañana, dijeron las fuentes de la Corte. Si bien no es vinculante para lo que termine decidiendo el máximo tribunal, es significativo desde el punto de vista político. “No se pronunciará de manera distinta a como lo hicieron sus subordinados (los fiscales que se pronunciaron contra el tarifazo)”, dicen fuentes judiciales.
Pero desde la Corte dejaron trascender otro criterio. Se remontan a un pronunciamiento de Gils Carbó de 2014. Ese año, ante un reclamo que llegó a la Corte por un aumento de tarifas del gas dispuesto sin audiencia previa por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Gils Carbó consideró válido el argumento del Ejecutivo, según el cual aquel aumento de tarifas estaba respaldado en una audiencia que se había realizado en el año 2005.
“Si una audiencia pública de 2005 tuvo validez en 2014, ¿por qué no habría de tenerla apenas dos años después?”, dijo una de las fuentes requeridas.
El argumento sería que en 2014 no se subieron tarifas sino que se quitaron subsidios que evitaban a los usuarios el pago pleno de la tarifa ya autorizada. Y que los nuevos aumentos en la distribución, o parte de ellos, podrían estar todavía cubiertos por aquellos permisos.
La voluntad de pronunciarse pasado mañana, o el viernes a más tardar, obedece también a la necesidad de la Corte de quitarle cualquier connotación política oficialista a su fallo. Es que, de no hacerlo esta semana, debería postergarse hasta la última del mes, o a finales de la próxima. “De otro modo –dijo una de las fuentes– sería más que desprolijo”.
Sucede que el lunes 22 jurará Carlos Rosenkrantz, propuesto junto con Rosatti por Mauricio Macri para completar el quinteto de la Corte. Y si el fallo saliera en el acuerdo de la Corte del día siguiente y su voto fuera el decisivo, también “sería una desprolijidad”, dijo la misma fuente.
Por eso se especulaba ayer en Tribunales con que, si no se llega a definir un fallo esta semana, todo debería pasar para la última de agosto. Y ese plazo choca con la urgencia de la Rosada.
En cuanto a la cuestión de fondo, hasta ayer no había en borradores un fallo que suscitara la mayoría de los cuatro magistrados actuales. “Hay detalles relevantes por definirse”, dijo el principal colaborador de uno de los jueces. No quiso confirmar o desmentir si el fallo avalará las subas, aunque todo indica que será “salomónico”.
¿Qué quiere decir “salomónico”? Según una de las fuentes, que el fallo reconocerá, por un lado, que la fijación de las tarifas de los servicios públicos es facultad constitucional del Poder Ejecutivo, y que reconocerá implícitamente que “está en juego la gobernabilidad, que se cuidará de no afectar”. Pero, por otro, que el tarifazo no puede afectar las condiciones de vida del conjunto de la población; en otros términos, atender la llamada “tarifa social”.
Nada quisieron comentar las fuentes acerca de las presiones políticas desde el oficialismo en las vísperas de un fallo clave para la estrategia gubernamental. “Peores aún que las públicas –aseguró una de las fuentes– son las presiones en privado, pero qué le vamos a hacer”.
Otro gobernador a favor
El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, se sumó a los gobernadores que están a favor de subir las tarifas. Ya lo hicieron los de Salta, Entre Ríos, Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba, Tucumán, Misiones, Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires, Jujuy y Mendoza, El CEO de Edesur, Maurizio Bezzecheri, dijo que si no se resuelve el aumento de tarifas, la empresa “va a la quiebra”. Edesur es una de las dos distribuidoras del Gran Buenos Aires. Fuente:LaVoz
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