Es en el marco de la causa que investiga la distribución de fondos nacionales para construir viviendas por parte de cooperativas coordinadas por la agrupación que conduce Milagro Sala.
La justicia allanó hoy la sede central de la organización Tupac Amaru, ubicada en el centro de la capital jujeña, en la causa que investiga la distribución de fondos nacionales para construir viviendas por parte de cooperativas coordinadas por la agrupación que conduce Milagro Sala, detenida hace casi ocho meses.
El fiscal penal Gustavo Araya encabezó el allanamiento junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones en busca de los convenios firmados por funcionarios provinciales y municipales, y los contratos con los proveedores de materiales, explicó a DyN el abogado Luis Paz, representante de Sala.
El operativo comenzó cerca de las 11 en las oficinas de la Tupac donde, según Paz, "también se llevaron carpetas de proveedores, porque acá muchos se enriquecieron".
"Valoro que esta fiscalía está mirando la película entera", resaltó el letrado.
En la causa que investiga el posible desvío de millones de pesos que la Nación enviaba a la provincia para que distribuya a las organizaciones encargadas de levantar las viviendas está imputado el ex gobernador Eduardo Fellner por abuso de autoridad y fraude a la administración pública.
La acusación contra Fellner se basa en la firma en 2007 del decreto de creación de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), encargada de distribuir los recursos nacionales hacia las cooperativas que respondían a la Red de Organizaciones Sociales lideradas por la Tupac Amaru.
También están imputados el ex ministro de Tierra y Viviendas Luis Cosentini, los responsables de la Unidad Ejecutora Héctor Gustavo Carrizo y José Luis Mercado, y Milagro Sala.
Pese a las declaraciones a favor del accionar del fiscal que hizo el abogado de Sala, la Tupac emitió un comunicado en el que consideró que "la justicia de Gerardo Morales sigue con la estrategia de tapar los cada vez más frecuentes conflictos internos de su gobierno, con allanamientos a dependencias de la Organización Barrial Tupac Amaru".
La justicia jujeña intenta dilucidar, entre otras causas en las que está involucrada Sala, si hubo irregularidades en el accionar de la UEP, desde donde se destinaban recursos nacionales a la construcción de viviendas y se debían certificar y controlar las obras ejecutadas por la Red de Organizaciones Sociales.
Los fondos que enviaba la secretaría de Obras Públicas que dirigía José López, dependiente del ministerio de Planificación Federal de la Nación, llegaban a la cartera de Infraestructura de Jujuy, que luego los dejaba en manos de la UEP para que disponga el inicio de obras, con el control de los municipios.
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