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Seis años de cárcel por estafar a 84 personas

La mujer se hacía pasar por abogada y prometía juicios para cobrar 500.000 pesos. Los casos ocurrieron en Villa Dolores. Ahora se investigan más causas en todo el país.



Pido perdón, estoy arrepentida, me he equivocado”, dijo Graciela Sanabria (45), previo a que la Cámara del Crimen de Río Tercero la declarara jefa de una banda que estafó a 84 personas, al cierre del juicio oral que la tenía como principal imputada.

En el marco de un juicio abreviado en el que reconoció los hechos, Sanabria fue condenada ayer a seis años y seis meses de prisión (por unificación con una condena anterior de cinco meses, por estafas en la ciudad bonaerense de Campana).

Se la consideró organizadora de asociación ilícita, coautora de estafa y usurpación de título (de abogada), por 84 hechos.

Mientras, Julio Dziedzic (63) recibió la pena de tres años en ejecución condicional (sigue en libertad) y tareas comunitarias durante un año, por ser integrante de la asociación ilícita, partícipe secundario de estafa y usurpación de título (corredor de Bolsa), por 11 hechos.

Las estafas investigadas se registraron entre 2010 y 2011 en Villa Dolores. Ofrecían cobrar importantes fondos a empleados o jubilados estatales en reclamos ante la ex Caja Nacional de Ahorros, por un seguro de vida que se les descontaba.

En este juicio, a los condenados no se los encontró responsables del ejercicio ilegal de la profesión como indicaba la acusación a cargo del fiscal de Villa Dolores, Sergio Cuello.



Breve

El fiscal de Cámara, Gustavo Martin, destacó la predisposición del Sanabria ante el Tribunal y valoró que al menos “no ensució la cancha”.

Sin embargo, cargó contra la jefa de la banda al acusarla de que “montaba una escena para estafar a los más débiles”, con un equipo de “tonada porteña y solvencia técnica, en el que cada integrante tenía un rol designado”.

Señaló que en Villa Dolores realizaba reuniones informativas en un hotel y que prometía a los damnificados que recibirían entre 70 y 600 mil pesos. A cambio, les cobraba por la gestión.

El fiscal achacó que la banda “conocía de la inviabilidad del reclamo y que, como el mercado en Campana estaba saturado, llevaron el circo a diferentes lugares del país”.

En su alegato, Martin recordó que Analía Huere, abogada de Villa Dolores, no pudo ser citada como imputada ni como testigo porque se le dictaminó la falta de mérito.

Sin embargo, insistió en que habría elementos que indican que era “la pata local, encargada de darle un toque de credibilidad a la puesta en escena del (falso) estudio Sanabria y Asociados que operaba como una base de operaciones”.

Los fundamentos del fallo dictaminado por los jueces Guarania Barbero, Carlos Conti y Marcelo Ramognino se conocerán el 30 de este mes.

La defensa de Sanabria saludó la condena ya que la imputación prevé de cinco a 50 años, por la cantidad de hechos. Al admitir la culpa y abreviar el trámite, se le redujo la pena.

La jefa de la banda, madre de ocho hijos, está detenida en la Cárcel de Bouwer desde hace tres años.

Tras este juicio, le esperan otros procesos si avanzan las investigaciones por denuncias similares en otros puntos de la provincia y del país.

En Río Tercero, por caso, hubo varias denuncias años atrás que la involucraban en similares maniobras. Algunas aún no llegaron a estrados judiciales.

Roles

El fiscal de Cámara, Martin, entendió que la jefa u organizadora fue Sanabria. Pero que también había dos integrantes más: Julio Dziedzic y María Inés Cheli (58), peluquera de Sanabria.

Cheli, imputada por asociación ilícita, estafa reiterada y usurpación de título (de abogada) no fue sometida a este juicio, porque pidió la probation (suspensión de juicio a prueba).

Pero desde fuentes con acceso a la causa apuntan como algo llamativo que haya sido considerada como la tercera integrante de la banda, cuando su situación aún no fue resuelta.

Tres que esperan para ser juzgados

A juicio no llegaron María Inés Cheli (58), Josefina Godoy (66) y Noemí Guzmán (52), que solicitaron la “probation”.

Los dos últimos están sospechados de aparecer como presuntos damnificados, en un intento de desviar información en la causa.






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