Es por la expropiación del edificio donde hoy funciona el Museo Superior de Bellas Artes.
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dispuso que el gobierno de la provincia pague más de cien millones de pesos por la expropiación del Palacio Ferreyra, un edificio donde hoy funciona el Museo Superior de Bellas Artes y cuyo traspaso había sido objeto de una disputa.
El máximo tribunal cordobés fijó en 29.546.000 pesos el monto de la indemnización que la Provincia deberá pagar por la expropiación del edificio, pero según fuentes judiciales esa cifra se elevará a más de 100 millones de pesos cuando sea liquidado el saldo del precio establecido, más los intereses y las costas que devengó el proceso judicial.
En junio de 2005, el gobierno cordobés promovió el proceso judicial de expropiación y solicitó la toma de posesión del Palacio que le fue entregado por 9.350.000 de pesos, cifra valuada por el Consejo General de Tasaciones. Sin embargo, la compañía Casa Grande SA., propietaria del edificio, consideró que ese monto era insuficiente y reclamó el pago de una suma superior a los 56 millones de pesos.
En primera instancia, el Juzgado en lo Civil y Comercial 23 estableció el precio total y definitivo por la expropiación en 41.438.000 de pesos y dispuso que, al monto indemnizatorio, se adicionara una tasa de interés del 12 por ciento anual, a partir de la fecha de la desposesión y hasta el efectivo pago. Además, impuso las costas del proceso al gobierno y proveyó a la regulación de honorarios de los abogados y peritos actuantes.
Por su parte, la Cámara en lo Civil y Comercial 4 redujo el monto de la indemnización expropiatoria a la suma de 24.650.000 pesos, modificó la tasa de interés aplicable y mantuvo la imposición de las costas de primera instancia a la expropiante y distribuyó las devengadas en segunda instancia. Ambas partes promovieron recursos de casación: la demandante cuestionó sólo lo resuelto en materia de intereses y el gobierno reprochó por el precio, los intereses y el régimen de costas.
Así, la Justicia elevó el monto indemnización a 29.546.000 de pesos en base a un escrito del 28 de diciembre de 2007, donde la Provincia había reconocido que esa suma constituía el "precio justo" a pagar, lo que fue interpretado por el Tribunal Superior de Justicia como un reconocimiento judicial expreso. Además, la justicia dispuso que, desde la desposesión del inmueble a la parte demandada (7 de junio de 2005) y hasta aquella primera fecha (de 2007), se aplicaran intereses a una tasa del 6 por ciento anual, según el artículo 13 de la Ley de Expropiaciones.
La sentencia firmada por los vocales María Marta Cáceres, Carlos García Allocco y Domingo Juan Sesin "pone fin a un litigio prolongado y complejo, al haberse determinado el justo precio que se debe pagar por la expropiación del inmueble, de gran relevancia arquitectónica". "El desenlace significará para el erario público provincial, una vez liquidado el saldo del precio fijado más los intereses y las costas, el desembolso de más de 100 millones de pesos", añadió.
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