La UCR pide suspender nuevo gravamen en Córdoba que afectaría a productores agropecuarios.
En la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) ha presentado un proyecto de resolución solicitando al gobernador Martín Llaryora la suspensión inmediata de la Resolución 6 letra D. Esta resolución, emitida por la Secretaría de Ingresos Públicos de la Provincia, pretende imponer un nuevo gravamen sobre la compra de productos agropecuarios a partir del 1 de julio.
El presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich, expresó su preocupación por el impacto de esta medida en los productores agrícolas de la provincia. Según Gvozdenovich, el nuevo impuesto a la mera compra de granos se sumaría a la ya pesada carga fiscal que soportan los productores, reduciendo su competitividad. “El estado les mete otra vez la mano en el bolsillo”, afirmó, señalando que esta medida es un "disparate" y que asfixia aún más a los productores y la maquinaria productiva provincial.
Gvozdenovich criticó al gobernador Llaryora por lo que considera una contradicción en sus acciones. Mientras el gobernador busca en Buenos Aires una reducción de las retenciones al campo, en Córdoba impone nuevos gravámenes que perjudican al sector. En este contexto, el bloque de la UCR ha propuesto que el Ejecutivo provincial dé marcha atrás con esta resolución. Argumentan que es esencial que el gobierno priorice sus gastos y evite seguir incrementando los costos para los productores, lo cual podría llevar a la desaparición de industrias y productores locales.
La resolución 6 letra D establece un régimen de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos para operaciones de compra de productos agropecuarios, forestales y minerales, afectando a intermediarios y productores primarios exentos radicados en la provincia. La medida ha sido rechazada por diversas organizaciones de productores y por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, que advierte sobre su impacto negativo en la competitividad y los precios de los productos agropecuarios.
Las organizaciones rurales de Córdoba, como CARTEZ, también han manifestado su rechazo, calificando la medida como una "asfixiante" presión impositiva. Argumentan que la alta carga fiscal que soportan los productores desde hace más de dos décadas ha generado desinversiones y expulsado emprendimientos en la provincia.
El proyecto de resolución presentado por la UCR busca proteger a las 2600 familias productoras cordobesas y evitar el impacto económico adverso que tendría la entrada en vigor de esta resolución. El bloque de legisladores solicita a sus pares en la Legislatura la aprobación del proyecto para instar al gobernador Llaryora a suspender la medida.
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