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La falta de control y transparencia en el uso de los recursos públicos en Monte Maíz preocupa cada vez más. VIDEO INFORME.
En Monte Maíz, la transparencia y el buen uso de los recursos públicos siguen siendo fuertemente cuestionados. Funcionarios municipales, quienes deberían velar por el bienestar de la comunidad, utilizan bienes del Estado para fines personales.
Una serie de videos y testimonios revelan cómo el Director de Bromatología y Sanidad Ambiental, Ignacio Trotte, junto al Secretario de Obras Públicas, Marcelo Romani, hacen uso de una camioneta blanca marca Peugeot propiedad de la municipalidad. En lugar de ser empleada para fines comunitarios, se ha registrado que el vehículo se utiliza para transportar leña desde terrenos públicos, incluso en una oportunidad, desde el predio del ferrocarril, hacia la vivienda del Intendente Luis María Trotte, padre del Director de Bromatología, quien aparece también en el video.
Este acto irregular no es aislado. Se repite en varias oportunidades, en otro video, se observa a los mismos funcionarios utilizando una camioneta marca Ford también propiedad del municipio, sin luces ni patente visible (Otra irregularidad), para llevar a cabo actividades similares, nuevamente utilizando recursos estatales para fines privados, realizando la tarea el Director de Bromatología y Sanidad Ambiental y el Secretario de Obras públicas.
Además, la situación empeora al observar la reiterada utilización de vehículos oficiales de Seguridad Ciudadana como medios de transporte particular. En una de las imágenes más controvertidas, Marcelo Romani Secretario de obras Públicas, recoge al Intendente en su residencia a bordo de un automóvil que debería estar destinado a proteger a los vecinos y garantizar el orden público. Esta práctica habitual no solo transgrede las normas de uso de los recursos públicos, sino que deja en evidencia el uso arbitrario y personalista del poder por parte de las autoridades locales.
En otro caso, un tractor municipal fue visto circulando en contramano por calle Corrientes mientras recogía bolsas de residuos. Este tipo de infracciones no solo ponen en peligro la seguridad de los vecinos, sino que también exponen una alarmante falta de controles en el manejo del tránsito, cabe mencionar que el sentido de esta calle fue modificado hace meses por el propio funcionario de la seguridad vial. Irónicamente, el área de Tránsito, que debería garantizar el orden, parece ser una de las más afectadas por la falta de cumplimiento de las normativas vigentes.
Uno de los hechos más graves captados por las cámaras ocurrió en calle San Luis, casi esquina La Rioja, domicilio del intendente donde el Director de Bromatología estacionó su vehículo de manera tal que bloqueó por completo el paso peatonal, violando una ordenanza local que exige que los vehículos dejen al menos un metro de distancia entre el rodado y la pared límite del domicilio.
Como si fuera poco, en otro sector de la localidad, en calle San Juan, un vehículo perteneciente a la Guardia Urbana fue registrado bloqueando el paso de peatones, incumpliendo nuevamente las normas de tránsito. Para agravar la situación, el Director de Guardia Urbana y Tránsito, Waldemar Millán, fue visto estacionando su vehículo utilitario en contramano, sumando una nueva infracción a la lista de irregularidades.
Descontento y Aumento de Sueldos
Mientras estas irregularidades se acumulan, el descontento social crece, especialmente al conocerse la reciente aprobación por parte del Concejo Deliberante de un incremento del 20% en los sueldos del Ejecutivo Municipal. Los salarios de algunos funcionarios ascienden a cifras cercanas a los 3 millones de pesos, un monto que ha generado fuertes críticas en la comunidad.
A pesar de estos elevados ingresos, se han reportado casos que generan aún más indignación en la comunidad. El Director de Guardia Urbana y Tránsito, Waldemar Millán, cuyo salario asciende a $2.366.635, y su pareja, la Contadora Vanesa Pascual, Secretaria de Hacienda y Finanzas del municipio con un salario de $2.937.892, suman en conjunto más de $5 millones mensuales. No obstante, Millán hizo pasar unos estudios médicos en un laboratorio privado de Monte Maíz, cuyo valor apenas alcanza los $32.550, por el área de Acción Social del municipio. Estos gastos, en lugar de ser asumidos por el propio funcionario, fueron facturados a los vecinos, al igual que una consulta médica en el centro de salud local, destinada a personas en situación de vulnerabilidad. Esta práctica refleja una desconexión entre las necesidades reales de los sectores más desprotegidos y los privilegios a los que acceden quienes ocupan cargos en el gobierno local.
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Los recursos públicos deben estar destinados al bienestar común y no al beneficio de unos pocos. La transparencia y el control ciudadano son fundamentales para el correcto funcionamiento de cualquier gobierno democrático. Sin estos pilares, lo que se genera es un ambiente de descontrol que termina perjudicando directamente a la comunidad. Monte Maíz se enfrenta hoy a una realidad preocupante, donde las irregularidades cometidas por los propios encargados de hacer cumplir las leyes están socavando la confianza en las instituciones locales.
La comunidad merece respuestas y, sobre todo, un compromiso real por parte de sus autoridades para corregir el rumbo y asegurar que los bienes del Estado sean utilizados en beneficio de todos los ciudadanos.
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